La esperada obra del Desglosado 3 (D3) del sistema Béznar-Rules, esencial para llevar agua de riego al valle de Río Verde y evitar la salinización de sus acuíferos, está "paralizada" en medio de un cruce de acusaciones y una batalla por su financiación. Los agricultores de la zona, representados por las Asociaciones de Regantes Verde, Seco y Jate, y por la plataforma Agua para el Campo, han alzado la voz contra el "silencio cómplice" de las administraciones, a las que acusan de condenar al abandono a las explotaciones de la comarca.
El conflicto estalló cuando se aprobó un acuerdo de financiación entre la Administración central y la Comunidad de Regantes del Guadalfeo que traslada íntegramente el coste de las canalizaciones a los agricultores. Desde entonces, ni el Gobierno central "ha manifestado voluntad de revisar la financiación, ni la Junta de Andalucía de participar en la misma", señalan los afectados en un duro comunicado.
Un pulso entre administraciones
Los regantes argumentan que, si bien la obra es de "Interés General del Estado" y por tanto responsabilidad del Gobierno central, esto no exime a la Junta de Andalucía de participar. "No hay ninguna ley que prohíba a la JA participar en la financiación como ha hecho en lugares cercanos", recuerdan, acusando a la consejería competente de "olvidarse de que es ella la que tiene las competencias del agua".
La situación en las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate es, a día de hoy, de "extrema gravedad". Aunque las lluvias de la primavera aliviaron temporalmente la situación, muchos pozos siguen secos o con niveles críticos. Los agricultores alertan de que, sin una solución estructural, el acuífero volverá a salinizarse el próximo verano, con el consiguiente desastre para los cultivos tropicales de la zona.
Más que supervivencia: medio ambiente y rentabilidad
La urgencia del D3 no se justifica solo por la necesidad de agua. Los regantes esgrimen también un potente argumento medioambiental: la obra permitiría eliminar "toneladas de CO2" al acabar con el uso de los potentes motores diésel necesarios para bombear agua desde cotas bajas, un sistema que encaja en las políticas de lucha contra el cambio climático.
Además, supondría un alivio económico decisivo. La eliminación de esos bombeos eliminaría también los "elevados costes derivados de las tarifas eléctricas", que hacen que "la rentabilidad de las explotaciones sea escasa e incluso a veces nula".
Un ultimátum desesperado
Ante esta situación, los agricultores lanzan un ultimátum desesperado a ambas administraciones: exigen al Gobierno central que revise "de manera urgente" el modelo de financiación y a la Junta de Andalucía que participe en ella.
Los agricultores subrayan que el problema no es la voluntad, sino la imposibilidad material: "No es que no queramos pagar, es que no podemos".
Y lanzan una grave advertencia sobre las consecuencias de no revisar el acuerdo: "Si definitivamente se nos impone esta indecente financiación, el resultado será irremediablemente el abandono de gran parte de las explotaciones".
